La Red Derecho y Desplazamiento – RDD – busca, por un lado, fortalecer y cualificar las condiciones de exigibilidad de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado – PSD –, que acude a los programas de atención jurídica integral de los consultorios jurídicos – CJ - de 13 universidades en 12 ciudades del país y, por otra parte, aportar en la formación académica de los estudiantes de derecho, mediante un acercamiento a la realidad nacional, bajo un enfoque de derechos humanos. El proyecto de la Red Derecho y Desplazamiento para el 2009 persigue la consolidación de la dinámica del trabajo en red, para ello se propone profundizar, continuar y generar estrategias de fortalecimiento de la asistencia jurídica integral, institucionalización académica, incidencia y visibilización.

En el año 2005 el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA - dio impulso a la constitución de esta red, con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En el año 2007 se integró el Consejo Noruego para los Refugiados –NRC.

La RDD está conformada por:

• Universidad Autónoma de Bucaramanga – Bucaramanga (Santander)
• Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Arauca - Arauca
• Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Apartadó – Apartadó (Antioquia)
• Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Barrancabermeja – Barrancabermeja (Santander)
• Universidad de Antioquia – Medellín (Antioquia)
• Universidad de Cartagena – Cartagena (Bolívar)
• Universidad de Nariño – Pasto (Nariño)
• Universidad del Magdalena – Santa Marta (Magdalena)
• Universidad del Meta – Villavicencio (Meta)
• Universidad del Norte – Barranquilla (Atlántico)
• Universidad Libre – Cúcuta (Norte de Santander)
• Universidad Simón Bolivar - Cúcuta (Norte de Santander)
• Universidad Tecnológica del Chocó – Quibdó (Chocó)

Estas universidades han creado, al interior de los Consultorios Jurídicos de las facultades de derecho, programas especiales de atención y asistencia integral a población en situación de desplazamiento forzado, y tienen como finalidad asistir y orientar a dicha población para que pueda alcanzar el goce efectivo de sus derechos. Para el primer semestre de 2009 se espera que ingrese a la RDD la Universidad Cooperativa de Colombia – seccional Arauca y se espera hacer acercamientos con una universidad en el Departamento del Tolima. Estas universidades han manifestado su interés en hacer parte del proyecto de la RDD y reportan atención a PSD en sus CJ.

Este proyecto permite materializar la finalidad social que tienen los CJ, dado que en Colombia éstos están orientados a brindar atención jurídica gratuita a personas de escasos recursos, que por cuestiones económicas no pueden asumir los costos de un abogado. En el caso de los programas de atención a PSD dentro de los consultorios jurídicos se trata de brindar este tipo de asesoría a personas en especial situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado y muchas veces revictimizadas por la falta de atención o atención inadecuada proveniente del Estado. Los servicios legales que se prestan en los CJ permiten el acercamiento de la academia a los fines sociales, la realización de una práctica por los estudiantes en materia de exigibilidad de derechos humanos y la formación de un perfil profesional de abogado que sea sensible a la crisis humanitaria que vive nuestro país, con una lectura crítica del conflicto armado y sus efectos.

ILSA impulsa el fortalecimiento y consolidación de esta red, a través de la coordinación de las estrategias de fortalecimiento de la asistencia integral, institucionalización académica, incidencia y visibilización. Para el desarrollo de las estrategias el proyecto cuenta con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR – y el Consejo Noruego para los Refugiados.

Se distinguen dos tipos de beneficiarios: las personas en situación de desplazamiento forzado que acuden a los programas de atención integral de los Consultorios Jurídicos y los estudiantes y coordinadores que hacen parte del programa.

Los primeros se benefician al recibir asistencia u orientación en los programas de atención jurídica integral en los Consultorios Jurídicos, ellos son atendidos por los estudiantes, bajo la supervisión del coordinador y, según el caso, los estudiantes elaboran acciones jurídicas (acciones de tutela, derechos de petición, recursos, etc.), para que las personas las presenten ante las entidades correspondientes, o indican la ruta jurídica que debe seguir la persona para acceder a la oferta institucional. El segundo grupo de beneficiarios son los estudiantes que hacen parte de los programas de atención integral, entre quienes se percibe el compromiso de la atención jurídica integral como una opción válida dentro de sus estudios profesionales y la defensa de los Derechos Humanos como una posible opción profesional para su vida.